Trasposición de la directiva europea Whistleblowing: ley de protección de las personas informantes.
Hoy 13 de marzo entra en vigor la ley Whistleblowing, aprobada el pasado febrero, para regular la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (Ley 2/2023, de 20 de febrero).
Resumimos algunas claves que nos ayudarán a entender mejor esta regulación despejar dudas:
1.- Objetivo de la Ley: Proteger al informante.
La orientación de esta ley es proteger a la persona que denuncie o informe de un hecho ilícito en una entidad. Prohibiendo represalias frente al denunciante.
Pretende fomentar la transparencia, ética y responsabilidad en las empresas y organismos públicos promoviendo una cultura de integridad y prevención de la corrupción.
Establece la necesidad de establecer un Canal de Denuncias que permita gestionar esta información.
2.- ¿Quién está obligado a aplicarla? ¿A partir de cuándo debe hacerlo?
Esta ley es obligatoria en España para todas las personas físicas o jurídicas tanto en el sector privado como en el público.
Todas las empresas y entidades públicas con 50 o más trabajadores deberán implementar un canal de denuncias de forma obligatoria.
Algunas entidades están obligadas atendiendo a la actividad que desempeñan, con independencia al número de trabajadores: partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones, etc. que reciban o gestionen fondos públicos tienen que habilitar el Canal de Denuncias.
3.- ¿A partir de cuándo hay que aplicarla? – Plazos.
- Las empresas privadas que tengan entre 50 y 249 trabajadores: hasta el 1 de diciembre de 2023.
- Municipios con menos de 10.000 habitantes: hasta el 1 de diciembre de 2023.
- Resto de entidades: antes de mediados de junio 2023 (a los tres meses de su entrada en vigor).
4.- Infracciones y actos que quiere combatir esta ley.
- Incumplimiento de normativas laborales y de seguridad social.
- Delitos fiscales o contra la Hacienda Pública.
- Delitos de corrupción, como el mal uso de fondos públicos.
- Vulneración de derechos humanos y libertados fundamentales en el ámbito laboral.
5.- Derechos de los “informantes”.
A todas las personas “informantes” o denunciantes de cualquier infracción o delito, se les garantizan las siguientes medidas de protección para evitar represalias por dicha denuncia:
- Derecho a recibir información sobre los procedimientos de protección previstos por la ley así como garantías que les corresponden.
- Derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito y especializado.
- Derechos a proteger su identidad y confidencialidad, salvo cuando sea necesario para proteger la defensa o intereses generales.
- Derecho de acceso a los medios necesarios para poder llevar a cabo la denuncia de forma diligente y eficaz. Es decir que las empresas y entidades públicas deben contar con un Canal de Denuncias que permita recibir y gestionar la información, tratarla adecuadamente, investigar la denuncia recibida y tomar medidas de prevención frente a futuras infracciones.
- Derecho a ser informado sobre el estado de las investigaciones.
- Derecho a la restitución de posibles perjuicios sufridos como consecuencia de la denuncia, incluida reparación de daño moral y material.
- Derechos a que las empresas y organismos públicos colaboren con las autoridades competentes en la investigación de las denuncias.
6.- ¿Qué relación tiene esta ley Whistleblowing con la protección de datos RGPD?
Son complementarias, ya que en la nueva ley 2/2023 de protección a las personas informantes o denunciantes se establecen medidas para garantizar los datos personales:
- Confidencialidad: la recepción y gestión de las denuncias se tratará con el debido sigilo y confidencialidad durante todo el proceso. La información queda limitada a una serie de perfiles y determinados fines.
- Identidad protegida en todo momento: la identidad de las personas denunciantes debe estar protegida en todo momento.
- Consentimiento del denunciante: será necesario para recopilar y tratar sus datos personales exclusivamente para los fines de investigación y seguimiento de la denuncia.
- Derechos de protección de datos: se deberá informar al denunciante sobre sus derechos en relación al tratamiento de datos personales.
- Delegado de Protección de Datos: en el preámbulo de la ley aparece la obligación de contar con esta figura, aunque por otra parte no lo establece específicamente en su artículo 34. Veremos si con el tiempo se aclara esta confusión, pero en cualquier caso si atendemos a la aplicación del RGPD y LOPDGDD sobre el Canal de Denuncias y la potencial posibilidad de tratar datos de naturaleza especial y sensibles, lo recomendable sería contar con esta figura, aunque no sea obligatorio.
7. – Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI).
Existirá un autoridad de control estatal y se podrán crear órganos autonómicos, correspondiéndoles la potestad sancionadora.
Llevarán a cabo un canal de denuncias externo, como medio complementario al canal de denuncias interno de la empresa u organización.
8.- Sanciones por incumplimiento de la ley Whistleblowing.
El cumplimiento de la ley 2/2023 de protección a las personas informantes o denunciantes es obligatorio. Lo contrario puede resultar en consecuencias legales y financieras, de carácter administrativo o penal, en función de la gravedad de la infracción.
Las sanciones administrativas pueden ser impuestas por las Autoridades Independientes de Protección del Informante (AAI) y las sanciones penales pueden ser impuestas por los tribunales de justicia.
Estas son algunas sanciones posibles:
- Multas
- Penas de prisión
- Suspensión temporal o definitiva de actividades
- Pérdida de ayudas o subvenciones públicas
- Obligación de restablecer el derecho vulnerado
- Realización de medidas correctivas
Cualquier represalia o discriminación contra los informantes será considerada infracción sancionable con una multa de hasta 300.000 euros. También se establece que los informantes no podrán ser sancionados por informar de buena fe sobre una posible infracción o delito.
La ley reguladora de la protección de las personas informantes o denunciantes crea un antes y un después en lo referente a la protección de las personas que informen de actos ilícitos. Complementa a lo que ya se establecía en el Código Penal sobre la necesidad de que las organizaciones contaran con estos sistemas internos de información (Canal de Denuncias). Se regula legalmente lo que algunas entidades habían implementado sobre la norma UNE-ISO 37002 que establece buenas prácticas en los sistemas de gestión de denuncias e irregularidades.
Desde el prisma de la protección de datos refuerza la legitimación para efectuar el tratamiento de datos personales a través del Canal de Denuncias, contribuyendo a la confidencialidad de la información y a reservar la identidad de la persona informante o denunciante al tiempo que garantiza sus derechos de privacidad.
Contacta con nuestro equipo y te ayudaremos a implementar el Canal de Denuncias y cumplir con la nueva ley Whistleblowing, de protección al informante.
